martes, 22 de diciembre de 2009

Comunidades Indígenas de Angaraes acatan paro en rechazo a minería


Fuente: Conacami.
Más de treinta comunidades indígenas de Angaraes, en la región de Huancavelica, agrupadas en la Alianza de Federaciones de Angaraes, realizarán este martes 22 de diciembre un paro de 24 horas. La movilización se iniciará a las 11: 00 am, desde el Barrio La Esmeralda recorriendo las principales calles de Lircay en dirección a la Fiscalía de la provincia de Angaraes. Según informaron los representantes de la Alianza, la medida de protesta de los pueblos es en rechazo a todo tipo de actividad minera en la zona, especialmente, las que pretende realizar la empresa minera Pampamali S.A. en territorios de la Comunidad Indígena de Secclla.


Entre las comunidades que se sumarán a la jornada de protesta figuran Secclla, Chillama, Atuna, Quihuay, Allarpo, Tranca, Huaraccopata, Quispicancha, Maray, Antamachay, Eccana, Ccochatay, entre otras. Muchas de ellas llegan desde lugares remotos de la provincia de Angaraes para sumarse a esta movilización.

Entre los reclamos de las comunidades figuran la no la concesión de territorios comunales a las empresas mineras, respeto del Convenio 169 de la OIT que consagra el derecho a la consulta, retiro definitivo de territorios comunales de la Empresa Minera Pampamali S.A.

Asimismo exigen que se separe del proceso penal del Juez Edwin Espinoza Oré, titular del Primer Juzgado Penal de Huancavelica.

Además, que cese la persecución política y judicial de los defensores de la Pachamama, respeto a nuestro desarrollo económico basado en la agricultura y ganadería, conservación de las cabeceras de cuenca.

Finalmente, las organizaciones de base y la población en su conjunto de las comunidades de Secclla y Angaraes Sur, reafirma que la marcha será pacífica y lo que busca es el respeto de sus derechos como pueblos indígenas.

Contacto directo en Lircay:

Orlando Valenzuela (Alcaldde de Seclla) y Teodoro Laura Bonzano ( Presidente del comité de rondas campesinas del distrito Seclla)

064-96-40-18-663

Contacto en Lima:

717-5506


Video sobre la problemática del agua en Seclla:



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lunes, 21 de diciembre de 2009

Perú: Informe del Ejecutivo sobre Bagua se caería por “superficial y tendencioso”

Fuente: Servindi, 12 de diciembre, 2009.
El informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua conformada por el Poder Ejecutivo caería en un vacío por no ser resultado de una investigación seria y recoger principalmente argumentos superficiales y tendenciosos.

Ello se desprende no solo de la opinión de diversos analistas que han tenido acceso a una versión preliminar del informe, sino también a la postura de uno de sus miembros, que declinó suscribir el informe e hizo pública su discrepancia.
Se trata de la religiosa española María del Carmen Gómez Calleja, quién el viernes declaró a un medio local que el informe no realiza una “investigación imparcial e exhaustiva”, tal como lo recomendó el relator de las Naciones Unidas James Anaya.
Tal como está elaborado “impide conocer la verdad” y “no esclarece los sucesos del 5 de junio” donde murieron 34 personas, entre indígenas y miembros de las fuerzas policiales.




Según Carmen Gómez, la comisión investigadora quiere concluir en que el origen de los problemas fue que los nativos fueron mal informados acerca de los decretos legislativos y fueron azuzados por organizaciones nacionales y extranjeras.
Existe la tendencia de concluir en que los indígenas no tenían razones de peso para pedir la derogatoria de las normas y que carecían de criterios propios para decidir su protesta, idea que yo rechacé, expresó la religiosa.
En la reunión del 7 de diciembre la mayoría de los miembros de la comisión investigadora estuvieron de acuerdo en desarrollar las causas, consecuencias y recomendaciones pero evitar esclarecer lo que realmente pasó aquel fatídico 5 de junio, dijo María del Carmen.
“No hubo apoyo del Estado”
Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, en diálogo con Servindi, confirmó que el trabajo realizado era deficiente por la falta de tiempo, recursos y apoyo de diversas instituciones del Estado.
Por ejemplo, indicó que el Ministerio Público le había negado la investigación fiscal que halló responsabilidades en los mandos y personal policial. Como podrá recordarse, la fiscal que efectuó la denuncia fue removida del caso y enviada a la jurisdicción de Chachapoyas.
Manacés también confirmó a Servindi que tampoco le habían remitido el informe de Control Interno del Ministerio del Interior que también halló responsabilidades en el personal policial, a pesar de haberlo solicitado de forma insistente.
En ambos casos, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior se excusaron de proporcionar dicha documentación esencial para el trabajo de la comisión con el argumento de que ambas investigaciones estaban en proceso.
A pesar de todas las deficiencias existentes y de que el plazo venció el 10 de diciembre Manacés indicó que la Comisión sigue trabajando y de no haber consenso en el contenido el dejará constancia de sus discrepancias u observaciones. Según ha trascendido el informe se presentaría el miércoles 15 de diciembre.
Investigación tendenciosa
Diversas opiniones recogidas por Servindi en El Cenepa señalaron que las dos visitas realizadas por la Comisión Investigadora han sido insuficientes para dialogar y recoger los testimonios de los apus de las comunidades.
Raúl Vargas, colaborador de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), destacó que los comisionados sostuvieron asambleas de un par de horas con cientos de personas pero no realizaron una investigación verdadera.
Por ejemplo, destacó que la ex Ministra Susana Pinilla, tuvo un marcado afán por transmitir la versión del gobierno sobre los hechos en la asamblea de dos horas que se realizó en el Cenepa.
Otro asambleísta del Cenepa nos indicó que según su parecer “los comisionados más que investigar fueron a ‘echar flores’ al gobierno y dar un saludo protocolar a los asambleístas”.
Llueven críticas al informe preliminar
Patricia Wiesse Risso, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quién tuvo acceso al Informe preliminar (documento de trabajo) del 7 de diciembre opinó que “es la antítesis de un trabajo de investigación serio”.
Para la especialista “la metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona” sino que “ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante”.
En el boletín Ideele-mail difundido el 12 de diciembre Wiesse observa una “concepción paternalista” que muestra “a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados”.
Según dicho documento los indígenas fueron “azuzados” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Asimismo, carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que “emboscaron a los policías e iniciaron la balacera” sostiene el Ideele.
De otro lado, el psicoanalista y analista de actualidad Jorge Bruce, quién también tuvo acceso al informe preliminar, señaló en su columna dominical del diario La República que lo afirmado por la religiosa Maricarmen es cierto y sus razones para no suscribirlo son válidas.
El informe, según Bruce, “no cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?”
“De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la ‘realidad’ de los pueblos indígenas” escribe Bruce.
“Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador” afirma el también catedrático universitario. Para Bruce, el informe preliminar da una visión “antropológica” apresurada y elude las causas inmediatas de la matanza.
“No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar” concluye el analista.
La Comisión Investigadora
El acuerdo de constituir la comisión se adoptó el 2 de septiembre en base a siete personas. Pilar Mazzeti Soler (ex Ministra del Interior), María del Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, propuestos por las comunidades indígenas.
En tanto, que Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex Ministra de la Mujer y el Desarrollo Humano) y el Decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez Camacho fueron designado por el Poder Ejecutivo. Por los gobiernos regionales se designó al sociólogo Manuel Bernales Alvarado.
Según Ideele la ex ministra Pilar Mazzetti jugó “un triste papel, tratando de conciliar posiciones” mientras que los gobiernistas “encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua”.
Al final, Mazzetti estaría avalando un informe “que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía” señala Ideele.
Descargue el informe preliminar en pdf en el siguiente enlace:

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Frei en Chile: Obvia implementación de Convenio 169 de la OIT

Frente al "derechazo" en las recientes elecciones de primera vuelta en Chile, la segunda opción, el supuesto "mal menor", Frei, no parece serlo tanto. En sus "12 compromisos" de campaña obvia la implementación del Convenio 169 y las recomendaciones del Relator de las Naciones Unidas para pueblos indígenas, James Anaya.A continuación un análisis importante al respecto.


La omisión de los derechos indígenas en los '12 compromisos' de Frei
El día 20 de diciembre de 2009, se han conocido los “12 compromisos por la democratización y el avance social de Chile” con que la candidatura presidencial de Eduardo Frei pretende captar los votos progresistas que necesita en el balotage del 17 de enero del 2010.




Entre los “12 compromisos” hay algunas ideas valorables, sin embargo no hay compromiso específico y claro respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Sólo se hace, al pasar, una mención ambigua al Convenio 169 de la OIT y a una plurinacionalidad vaciada de derechos. Ni una palabra respecto a implementar las recomendaciones del Relator ONU, James Anaya. Ni un compromiso sobre recomendaciones de comités de Tratados, menos aun, respecto a la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Similares omisiones se constatan en la candidatura de Sebastián Piñera.

Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, con esas omisiones, y en pleno Bicentenario, no estamos ante una propuesta seria de democratización, ni avance social. Al contrario, al eludirse elementales obligaciones de Estado, respecto a derechos, estamos ante un alarmante retroceso, y ante la crónica de un conflicto anunciado.

¿Será posible corregir rumbos?

ELUDIENDO DEBERES DE ESTADO

En los "12 Compromisos " no se dice ni una sola palabra acerca de las obligaciones adquiridas por el estado ante el Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal; no hay ni un solo compromiso de implementar las recomendaciones de los Comités de Tratados de derechos humanos; se omiten las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas James Anaya. Todos esos instrumentos dedican puntos específicos y elementales respecto a los derechos de los pueblos indígenas (ver documentos relacionados).

El documento de los "12 Compromisos" sólo incluye un débil “compromiso” respecto a los derechos humanos. sin embargo, se persiste en un concepto reduccionista de derechos humanos.

Se eluden las recomendaciones de los Comités de Tratados y del Examen Periódico Universal y se ignora el intenso calendario de exámenes internacionales que el próximo gobierno enfrentará en relación a los deberes estatales de implementación de tratados de derechos humanos.



ESTADO DE DERECHO Y OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS ¿ELITES DEMOCRATICAS?



Cumplir las recomendaciones de los Comités de Tratados es la base mínima de cualquier programa de gobierno que diga respetar el estado de derecho. Sin embargo, tanto Frei como su contendor, Sebastián Piñera, eluden una y otra vez las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos , en general, y de los pueblos indígenas, en particular.

¿Tanto cuesta a las elites comprometerse a implementar el Convenio 169 y las elementales recomendaciones de los órganos de derechos humanos? ¿ A tanto llega la miopía que, hasta en su agonia, la Concertación esquiva los derechos de los pueblos indígenas?

En el caso de Piñera, eludir los deberes en materia de derechos humanos forma parte del ADN de su sector, algo que debiera preocupar a quienes quieren obtener para la derecha liberal carta de ciudadanía democrática, y más aun para quienes aspiran a asumir la jefatura de un estado miembro del Consejo de Derechos Humanos.

En el caso de Frei, el eludir los deberes estatales en materia de derechos humanos invalida el discurso democrático y confirma las peores aprehensiones sobre lo que seria su conducta en un eventual gobierno: no se obliga, ni se compromete con asuntos tan elementales como el Convenio 169 de la OIT o las recomendaciones del Relator ONU. Una omisión de obligaciones que contará con la complicidad tácita de la candidatura de izquierda de Jorge Arrate, si acepta esos "12 compromisos" y sus silencios.

¿Qué democratización y avance social se está negociando? ¿Una democracia sin los derechos de los pueblos indígenas? ¿En un estado que elude deberes internacionales respecto a derechos políticos, sociales, económicos, culturales de todos los pueblos que conforman este país? ¿Ese es el legado final de 20 años de gobiernos de la transición?



EL SELLO DEL BICENTENARIO: LA CUESTION INDIGENA. Chile Intimo 2010.



Al parecer las dirigencias políticas chilenas – de izquierda, centro y derecha- ignoran los antecedentes de la Encuesta Bicentenario 2009, que realiza la Universidad Católica y Adimark, y que muestra que el principal conflicto social que marcará el sello del Bicentenario es el que confronta al estado y al pueblo mapuche. Al menos asi lo piensa el 70 % de los encuestados por PUC-Adimark.

Asi, frente al mayor conflicto social de la época, las candidaturas del 2010 no tienen propuestas a la altura. Y las futuras autoridades -cualquiera que sean- al eludir un compromiso claro y firme de implementar el Convenio 169 de la OIT y las recomendaciones d elos órganos de derechos humanos, se privan a si mismas de lo que es quiza el único puente de entendimiento entre las partes para una gobernabilidad democrática de los conflictos y una agenda constructiva.

Las elites del 2010 imitan a sus pares del 1910. Asi como el sello del Centenario del 1910 fue la “cuestión social” con su saga de masacres y ensayistas cuyos ecos marcaron al siglo XX, el “Chile Intimo” del Bicentenario tiene ya su conflicto emblemático – “la cuestión indígena” - . Sin embargo, al igual que en el 1910, las elites no ven ni escuchan, carecen de visión de país plural, y son incapaces de mirar el largo plazo.

La omisión de los derechos de los pueblos indígenas, por ambas candidaturas, el eludir el cumplimiento de deberes estatales elementales respecto a tratados de derechos humanos y el Convenio 169, no solo revela un profundo déficit democrático : es la crónica de un conflicto anunciado.

Aun es tiempo de corregir.




Centro de Políticas Públicas

20 de diciembre 2009

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miércoles, 2 de diciembre de 2009

Violencia por el coflicto con el Proyecto minero Río Blanco (Huancabamba): dos muertos y varios heridos.


NO CESA VIOLENCIA DEL ESTADO PERUANO: DOS COMUNEROS MUERTOS, VARIOS HERIDOS Y DETENIDOS POR ENFRENTAMIENTO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y COMUNEROS DE HUANCABAMBA- PIURA.

Fuente: CONACAMI. Dos comuneros muertos, varios heridos y un número no confirmado de detenidos arbitrariamente producto de un enfrentamiento entre efectivos policiales y comuneros de la provincia de Huancabamba, Comunidad Campesina de Segunda y Cajas- Sector Cajas Canchaque. Los hechos ocurrieron hoy miércoles 02 de diciembre en horas de la tarde. Los comuneros facellidos son: Vicente Romero Ramírez y Casulo Carrera Huayama



Según información que proviene de la zona- versión de los propios dirigentes-hasta el momento la Fiscalía no se ha hecho presente en el lugar ya que la policía alega la no existencia de razones que lo ameriten, ocultando la gravedad de los hechos.

Vale recordar que en estos últimos días la Policìa Nacional ha iniciado una persecución sistemática mediante notificaciones a comuneros y dirigentes de la provincia de Huancabamba y Ayabaca quienes exigen la paralización del proyecto Minero Rio Blanco y el respeto a los resultados de la consulta vecinal realizada el 17 de septiembre del 2007.

Contacto:

Huancabamba: Jocelyn Rocca- Asesora legal de Conacami (0051) (1) 01997-26330


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