El Instituto Bartolome de las Casas, en su boletín virtual: "De la exclusión al reconocimiento" hace un breve relato de cómo el derecho al trabajo continúa siendo en el Perú supeditado a la gracia del gobierno con las transnacionales. "...Esta difícil situación laboral es fruto de las políticas laborales promovidas dentro del marco de la política neoliberal que implementó el fujimorismo en la década del 90..." afirma.
En las vísperas del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, se hicieron diversas reflexiones referidas a la situación de los derechos laborales en nuestro país.
Es así que una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llevada a cabo en Lima Metropolitana, nos informa que 91% de la fuerza laboral percibe que está desprotegida. La mayoría sostiene que no tiene protección en salud, que no recibe Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y que tampoco tiene acceso a la jubilación. Efectivamente sólo 32% dice que tiene seguro de salud, 17% CTS y 23% que aporta a un plan de jubilación, ya sea privada (AFP) o pública (ONP). Gozan de vacaciones y gratificaciones sólo el 26% de la PEA (Población Económicamente Activa) de la capital.
Esta difícil situación laboral es fruto de las políticas laborales promovidas dentro del marco de la política neoliberal que implementó el fujimorismo en la década del 90. Pero también de la falta de responsabilidad social del empresariado nacional. En dicha encuesta el 84% señala que los empresarios respetan poco o nada los derechos de los trabajadores. Al decir de Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) “El Estado no promueve ni protege los derechos fundamentales para mejorar nuestro nivel de vida, a lo que está obligado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre ellos, el derecho a formar sindicatos”.
Por otro lado, el 1 de mayo fue ocasión también para recordar el grave problema del trabajo infantil. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) nos dice que “de acuerdo con las estadísticas oficiales, uno de cada cinco menores entre 6 y 17 años de edad, que trabajan, está excluido del sistema educativo peruano, situación que de no revertirse llevará a miles de niñas, niños y adolescentes a un futuro de postergación, discriminación y pobreza. Son ya varios los años en los que no podemos bajar la cifra de más de dos millones de niñas, niños y adolescentes trabajando” (p.171).
Frente a esta difícil situación nos parece pertinente recordar lo que señalábamos en octubre del 2008 en nuestro boletín dedicado al tema del Empleo: que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, de trabajo y a la protección contra el desempleo” (Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 23).
Y la Constitución Peruana, en su art. 22, ratifica dicho derecho señalando que “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”; y en su artículo 23 nos dice que “El estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo”.
