Por Paola Cépeda, Elizabeth Tavera y Miguel Carneiro, 1998.
¿Qué sucede si un ciudadano debe hacer un trámite en alguna dependencia del Estado y no entiende los comunicados que lee o los formularios que debe llenar, a pesar de que están escritos en su propio idioma? En este caso, se evidencia que, incluso sabiendo leer y escribir, el lenguaje puede ser un factor de desigualdad de oportunidades. En el Perú, realmente, sigue habiendo muchas personas que no pueden ser ciudadanos plenos porque el lenguaje que otros emplean los aleja, los divide o los excluye. Una situación semejante es la de una mujer que va a Essalud para tramitar su licencia de trabajo por estar embarazada. ¿Es necesario que conozca los términos periodo de carencia, derechohabiente, subsidio, periodo de incapacidad temporal? ¿No hay, acaso, otros términos más accesibles y que resulten entendibles para todos?
Fuente: Textus
Todos los Estados y sus instancias administrativas usan el lenguaje escrito para comunicarse con los ciudadanos por medio de edictos, dictámenes, resoluciones, leyes y avisos. Sin embargo, el lenguaje que usan, llamado lenguaje administrativo, especialmente el legal, es incomprensible para un ciudadano común y corriente. Es un lenguaje ineficiente. Esta práctica comunicacional origina distancia y desconfianza en la ciudadanía respecto de las instancias que supuestamente deberían servirla. Además, afecta la transparencia que debería regir todas las acciones de las instituciones y compromete la equidad con la que todos los ciudadanos deberían ser tratados. Definitivamente, el lenguaje administrativo no contribuye ni a la comunicación ni a la construcción de una comunidad democrática.
Frente a esta situación, desde la década del setenta, existe una corriente cuyo objetivo es cambiar radicalmente el lenguaje administrativo por otro, el llamado lenguaje ciudadano o lenguaje llano. El lenguaje ciudadano es un estilo más simple y directo, empleado con el fin de que los usuarios no técnicos (el público en general) puedan leer, de manera fácil y rápida, documentos legales o públicos. Actualmente, Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, España, México y Chile han hecho suya esta tendencia renovadora y modernizadora del lenguaje para establecer una comunicación eficiente entre las instituciones (estatales y privadas) y los ciudadanos.
El mayor propulsor del lenguaje ciudadano para el castellano es Daniel Cassany. Para él, “no hay razones ni justificaciones para tolerar que un ciudadano alfabetizado no pueda comprender las cuestiones administrativas que afectan su vida cotidiana: todo lo que le interesa puede ser explicado —debe ser explicado— de modo que lo pueda comprender”. En tal sentido, es preciso que los textos incomprensibles sean reescritos en lenguaje ciudadano. Comparemos estos dos fragmentos:
Lenguaje ineficiente
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
[Ejemplo de Cassany]
Lenguaje ciudadano
Cualquier persona que maltrate, moleste o pida dinero ilegalmente a otra que esté detenida o en prisión será sancionada por las autoridades competentes.
En el ejemplo anterior, ambas versiones dicen lo mismo, pero de manera diferente. El lenguaje ciudadano es el que permite, sin embargo, capturar el mensaje más fácilmente.
Por lo anterior, podemos afirmar que, en una realidad como la nuestra, conseguir que los ciudadanos puedan comunicarse sin barreras con el Estado o con cualquier otra instancia para hacer valer sus derechos implica, sin duda, simplificar el discurso, aclarar el lenguaje, democratizar la lengua. Esta es la propuesta del lenguaje ciudadano. Nosotros, como comunidad PUCP, debemos asumir el inicio inmediato de esta tarea en nuestro país. Contamos con el apoyo de todos ustedes en esta campaña que iniciamos hoy con esta publicación.
